Seis congresistas proponen darles luz verde a combis y taxis colectivos en todo el país con la clase de vehículos más peligrosa. Uno de ellos lidera Comisión de Transportes y es voceado como presidente del Congreso. Diez legisladores se han reunido 128 veces con gremios.
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La seguridad vial en el Perú no ha dejado de estar bajo el asedio del Congreso, con una bancada como una de las protagonistas: Acción Popular. Desde el 2020, la bancada de la lampa se ha logrado posicionar en la presidencia de la Comisión de Transportes del Parlamento con una postura a favor de los taxis colectivos, ya legalizado en el interior del país con mortales consecuencias.
Primero fue Luis Hurtado (2020-2021) y ahora Luis Aragón (2022-2023). La diferencia de este último es que ha presentado un proyecto de ley a favor de los taxis colectivos. Ahora Aragón está voceado a la presidencia del Congreso.
En abril del presente año, Aragón presentó un proyecto de ley que busca modificar la ley de taxis colectivos con el fin de ampliar la vigencia del permiso de cuatro a 10 años. Esta norma de taxis colectivos especificaba la formalización para la la clasificación M1 “con carrocería sedán o station wagon”, pero Aragón propone que se determine de forma general la carrorecía y que el reglamento determine las especificaciones.
Estas federaciones tienen, en su mayoría, brazos legales dedicados a la prescripción de sus papeletas, medios de comunicación alternativos, apoyo policial por medio de coimas, y en varias ciudades están organizados para atacar a los fiscalizadores. En Lima están protegidos por una red de cobro de cupos, como se revela en este video:
En la exposición de motivos de su proyecto, el legislador por el Cusco justifica su propuesta alegando que esta cautelará “el derecho al empleo de miles de transportistas”. El último viernes, Paul Gutiérrez, legislador del Bloque Magisterial, presentó otro proyecto en la misma línea que Aragón, y con la misma argumentación. En su exposición de motivos dice que “podrían ser más adecuados los vehículos de carrocería SUV o los monovolúmenes, también conocidos como minivanes”.
Lo preocupante del asunto es que las minivanes son consideradas los vehículos más peligrosos del mercado por su fragilidad, según el programa internacional de evaluación de vehículos Latin NCap. De hecho su uso está prohibido en el propio país donde las fabrican (generalmente China).
Lo que más preocupa es el modelo miniván, el más vendido para el colectivo en Perú. Es un vehículo de fabricación china tan inestable que incluso está prohibido en ese país. Desaprobó todas las evaluaciones de seguridad de 2017. Así de inestables son cuando se llenan de pasajeros pic.twitter.com/LxI9OeYNGQ
— Juan Pablo León 🇵🇪 (@mal_menor) December 10, 2020
Para los especialistas en la problemática de transportes, este tipo de proyectos son una amenaza para la seguridad vial. Luis Quipe Candia, presidente del ONG Luz Ambar, dijo: “Es una calamidad y va contra la vida, contraviniendo decisiones técnicas. No se trata de 300.000 autos, sino de millones de personas que necesitan un mejor servicio de transporte”.
La Comisión de Transportes, que preside Aragón, ha realizado varias sesiones de trabajo con los gremios de transportistas que impulsan los vehículos M1 como taxis colectivos. Este Diario buscó comunicarse con él, pero solo atinó a escribirnos por WhatsApp que su proyecto no pretende formalizar “propiamente” los autos colectivos como sí lo hace la iniciativa de Segundo Montalvo (Perú Libre). Insistimos con preguntarle cuál era la sustentación técnica de su proyecto, pero no volvió a responder hasta después del cierre de edición de nuestra versión impresa para compartirnos una ayuda memoria que repetía la explicación de la exposición de motivos de su proyecto.
Montalvo ha presentado una iniciativa –ocho días después del presentado por Aragón– para beneficiar a los transportistas informales autorizando su clasificación vehicular M1 y M2 “sin distinción alguna” en Lima.
Fuentes legislativas refirieron que Aragón y Montalvo vienen trabajando juntos en una agenda que busca favorecer a gremios de transportistas no formales. Las mismas fuentes señalan que los proyectos de Aragón, Gutiérrez y Montalvo en las últimas semanas son una señal de que se preparan modificaciones a la ley de taxis colectivos. Bajo la gestión de Aragón, la Comisión de Transportes ha aprobado en el pleno dos proyectos de Montalvo a favor de los mototaxistas, e incluso han hecho foros para impulsar la nueva normativa. En su declaración jurada de intereses, Montalvo consigna que fue propietario y chofer en el servicio de mototaxi entre el 2016 y 2020.
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Para Quispe Candia, los congresistas buscan darle legalidad a los autos colectivos sin entender la problemática del transporte. “Un bus lleva a 100 personas, un auto colectivo lleva tres o cuatro, y ocupa bastante espacio de la vía. Contraviene la seguridad vial”, refirió tras indicar que, desde la Comisión de Transportes, lo invitaron –junto a otros especialistas– para ser asesores ad honórem, pero aún no le han realizado consulta alguna.
También advirtió peligros en los proyectos de Guido Bellido y Héctor Valer, ambos ex primeros ministros del gobierno de Pedro Castillo, quienes han presentado proyectos para formalizar el colectivo con cualquier tipo de auto y para prorrogar las licencias de las combis.
“Ese proyecto (el de Bellido) trata de que regrese el ‘tico’ como taxi (…) (El de Valer) no debería ser aprobado la Ley 30900 señala que las empresas de transportes deben obtener autorización por licitación para obtener empresas solventes, con capacidad técnica, y ahora quieren habilitar a empresas que han tenido 30 años para que se capitalicen y no lo han hecho, que no se han preocupado por crecer”, dijo el especialista. Según advirtió, de 385 empresas, solo 10 son propietarios de las unidades de transporte.
En el caso del proyecto de la legisladora Noelia Herrera (Renovación Popular), que también propone títulos habilitantes para el servicio de transporte igual que Valer, la Comisión de Transportes recibió una opinión técnica de la ATU indicando que era inviable. Sin embargo, este proyecto fue aprobado.
“La propuesta de prórroga -por un plazo de cinco años- no establece que para acceder a dicho título habilitante se deba cumplir con algún nuevo requisito de acceso y permanencia que garantice -entre otros- condiciones mínimas de calidad y seguridad”, advirtió la autoridad de transporte en un oficio enviado a la Comisión de Transporte, el mismo que fue incluido en el dictamen de la iniciativa. En el Congreso consignan las opiniones técnicas no favorables, pero no las toman en cuenta a la hora de legislar.
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Es el propio presidente de la Comisión de Transportes y voceado como candidato a la presidencia del Congreso. Propone incluir la clasificación vehicular M1 en la formalización de taxis colectivos, es decir, que autos como Tico o las peligrosas minivanes hagan el servicio en todo el país. Su proyecto está en fase comisión.
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Tiene dos proyectos en marcha: uno para formalizar vehículos de categoría M1 y M2 para taxis colectivo del 1/7/22 y otro similar propuesto el 15/7/22. El peligro de la categoría M1 es que se trata de vehículos como minivanes o incluso un Tico, peligrosos para hacer transporte público en carreteras, tal como lo propone.
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Busca incluir a Lima y Callao en la ley que formaliza servicio de taxis colectivos y modificar el reglamento para variar condiciones técnicas de la clasificación M1 para taxis colectivos. Tiene el brevete cancelado por multas y cinco procesos penales.
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Propuso prórroga de títulos habilitantes para servicio de transporte. El proyecto fue aprobado.
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Propone retirar la especificación de que los taxis colectivos solo sean sedán o station wagon, para incluir minivanes, un tipo de vehículo tan peligroso para el transporte público que, incluso, su venta está prohibida en los países donde lo fabrican por no aprobar evaluaciones de seguridad.
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Propone una prórroga de títulos habilitantes para servicio de transporte (combis). Su proyecto está en comisión.
PIE A FONDO
Toda esta historia comienza durante la campaña presidencial de Pedro Castillo, cuando anunció la eliminación de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) y la Sutrán, brazos fiscalizadores del taxi colectivo. Con esa promesa buscaba ganarse el voto de entre 200.000 y 300.000 colectiveros que, se calcula, operan en el país.
Eso explica por qué desde entonces el sector no ha dejado de exigir medidas a su favor: si bien en diciembre del 2020 el congreso ya los había legalizado en 23 regiones del país, el Ministerio de Transportes (MTC) reglamentó la ley poniéndole freno en los puntos de más riesgo, por ejemplo, limitando la distancia máxima de ruta (250 km) y poniendo un mínimo a la cilindrada del auto (1.600 cc). A los colectiveros no les convenían estas normas, pues querían recorrer más distancias con autos más livianos.
El Comercio ha contado 128 visitas de operadores de estos gremios a despachos de al menos 10 congresistas desde el 2021 para flexibilizar al máximo su servicio.
Estas federaciones tienen, en su mayoría, brazos legales dedicados a la prescripción de sus papeletas, medios de comunicación alternativos, apoyo policial por medio de coimas, y en varias ciudades están organizados para atacar a los fiscalizadores. En Lima están protegidos por una red de cobro de cupos.
Lo que han logrado estas reuniones con congresistas es al menos tres recientes propuestas legislativas para aumentar la distancia máxima de sus rutas, reducir la cilindrada y ampliar la autorización para cerrocerías M1 en todo el país. En años anteriores han logrado obtener sus requerimientos por medio de amenazas de ir a paro nacional. Esta vez no descartan hacerlo de nuevo.
“El colapso de los valores fundamentales como la vida, la salud, el bien común está siendo promovido por los mal llamados padres de la patria, con proyectos de ley que nacen de prevendas de campañas e intereses. Buscan enraizar la anarquía y la corrupción que incentivan los autos colectivos”, sostiene Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
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Registra 37 visitas al despacho del presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Luis Aragón. Es consejero regional en Cajamarca por APP y exregidor en Jaén. En el 2019 fue denunciado por violación contra una joven de 26 años.
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Rechaza la ATU y busca legalizar el taxi colectivo en Lima. Es conocido por condicionar al gobierno al querer imponer paros si no aceptan una serie de requisitos de este peligroso servicio
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Se ha reunido 13 veces con miembros de la Comisión de Transportes del Congreso. La visita más reciente fue en abril de este año.
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