El análisis evaluó a cinco plataformas que operan en el mercado peruano como Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Yango, donde se evidenció serias falencias en materia de seguridad, transparencia y defensa del consumidor.
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), junto con el Observatorio de Plataformas–Perú e Ipsos Perú, presentó el primer estudio "Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú", un informe que enciende las alertas sobre la falta de protección a los usuarios de aplicaciones de transporte en el país. El análisis evaluó a cinco plataformas que operan en el mercado peruano como Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Yango, donde se evidenció serias falencias en materia de seguridad, transparencia y defensa del consumidor.
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El ranking general del estudio deja un panorama preocupante. Aunque Yango obtuvo la mejor calificación con 4,25 puntos, seguida de Cabify (3,25), el informe coloca a inDrive (2,5), Uber (1,25) y DiDi (1,0) en el grupo de plataformas con mayor nivel de riesgo, destacando negativamente como las más inseguras para los usuarios.
El estudio advierte que tres de las cinco plataformas evaluadas no cuentan con domicilio legal en el Perú como Didi, Yango e Indrive, lo que deja a los consumidores en una situación de indefensión jurídica, al someter eventuales reclamos o conflictos a tribunales extranjeros, como los de Países Bajos o Chipre.
También se mencionó que Uber y DiDi no tienen libro de reclamaciones visible, y todas imponen contratos con cláusulas abusivas, que trasladan la responsabilidad al consumidor, permiten cambios unilaterales en los términos y limitan los mecanismos de reclamo, confirmando una desprotección que requiere regulación urgente.
Términos y condiciones "irracionales" de los taxis por aplicativo
Aspec calificó de irracionales los términos y condiciones de algunos taxis por aplicativo. Por ejemplo en el caso de Indrive, "se acepta que la plataforma no tiene ningún control sobre la calidad o la seguridad del transporte que se produce como resultado de la prestación de los servicios".
Desde la orilla de Didi, se "establece que no será responsable por daños indirectos o consecuenciales, e incluso excluye la responsabilidad por su propia negligencia". En el caso de Uber, se indica que "no será responsable de daños indirectos, incidentales, punitivos o emergentes, incluidos la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños".
Sandra Turriate, representante de Ipsos, informó que el trabajo de campo se realizó bajo la modalidad de "cliente incógnito" entre diciembre del 2025 y enero del 2026, sobre 70 viajes en aplicativos de movilidad y reparto en Lima.
El 23% de los viajes en taxi por aplicativo registró cancelaciones antes de concretarse, frente al 13% en paquetería. En seguridad, solo el 18% de los taxis mostró el SOAT visible y en paquetería el 12% presentó discrepancias entre la placa registrada en la app y el vehículo que llegó.
Aunque el 95% de los pasajeros declaró sentirse seguro durante el viaje, el servicio postviaje muestra fallas: solo el 50% de los objetos olvidados fue recuperado y un 33% de los conductores pidió pagos adicionales para su devolución.
La directora del Observatorio de Plataformas-Perú, Alejandra Dinegro advirtió que la ausencia de una norma sectorial ha generado un esquema regulatorio fragmentado que debilita la fiscalización y facilita la proliferación de servicios ilegales.
El caso más crítico: app de motos
Señaló que el caso más crítico es el transporte de pasajeros en moto a través de aplicativos, debido a que no cuentan con una habilitación legal en el país, carecen de estándares mínimos de seguridad y operan al margen de cualquier supervisión estatal efectiva, lo que expone a los usuarios a inseguridad, múltiples, distorsiona la competencia en el mercado de transporte y degrada el sistema urbano de movilidad.
A diferencia de otros países de América Latina como Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y México que ya reconocen jurídicamente la intermediación digital y asignan responsabilidades claras a las plataformas; en el Perú la falta de reconocimiento legal impide una fiscalización real, normaliza prácticas ilegales y hace urgente una acción regulatoria orientada a proteger al consumidor y ordenar el mercado sin frenar la innovación.
El informe cuenta también con rankings comparativos de desempeño, construidos a partir de indicadores objetivos de protección al consumidor, seguridad operativa y cumplimiento normativo. Los resultados evidencian que no todas las plataformas operan bajo los mismos estándares: mientras algunas plataformas muestran niveles de cumplimiento más consistentes, otras presentan brechas reiteradas en aspectos críticos, lo que confirma que el sector opera hoy bajo reglas dispares.
Frente a la problemática detectada, Aspec y el Observatorio de Plataformas-Perú, señalan la urgencia de contar con un marco regulatorio nacional específico, que establezcan al menos cuatro estándares esenciales:
- Que las plataformas estén legalmente constituidas en el Perú, con domicilio y representación efectiva en el país para que les sea plenamente aplicable la ley peruana.
- Que los servicios sean prestados únicamente por personas debidamente habilitadas conforme a la normativa vigente.
- Que se fortalezcan las medidas punitivas, con sanciones efectivas que incluyan multas, bloqueo o suspensión de servicios infractores
- Que se establezca una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos, como estándar mínimo de seguridad y calidad.
Alejandra Dinegro indicó que no es necesario un debate amplio en el Congreso, debido a que la intermediación digital puede regularse como un servicio complementario dentro de la Ley General de Transporte vigente. "Las autoridades tienen en su mano poder hacer el cambio y el estudio les da esa herramienta técnica", indicó.
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