Una investigación policial y fiscal destapó una presunta organización criminal dedicada a la adulteración de tarjetas del sistema de transporte Línea 1 del Metro de Lima y al cobro de dinero a pasajeros que utilizaban esos saldos para ingresar a las estaciones. Según reveló Cuarto Poder, la red contaba con roles diferenciados: personas encargadas de manipular las tarjetas, distribuirlas, ejecutar el denominado «saldeo» y recaudar el dinero obtenido. Cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían recibido pagos de hasta S/1.000 diarios para permitir que la actividad se desarrollara sin interrupciones.
El esquema, reportado por Cuarto Poder, operaba en varias estaciones del sistema ferroviario limeño y habría funcionado con la complicidad activa de agentes adscritos a la División de Seguridad Ferroviaria. Los efectivos investigados no solo habrían cobrado por hacer la vista gorda, sino que, de acuerdo con las autoridades, también filtraban información sobre los días en que se realizarían operativos y sobre qué policías estarían destinados a cada estación.
El jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, José Montero, confirmó que cuatro efectivos policiales fueron identificados dentro de la organización. Uno de ellos habría percibido, en promedio, S/1.000 por día a cambio de garantizar que los «salderos» pudieran trabajar con libertad en determinadas estaciones del Metro de Lima.
Montero precisó, además, que los agentes investigados coordinaban con otros efectivos para evitar la detención de los integrantes de la red. La información sobre operativos habría circulado internamente, lo que permitía a los operadores de las tarjetas adulteradas anticiparse a cualquier intervención.
La red de pagos a efectivos policiales
La declaración de una presunta recolectora de dinero identificada como S. G. V. aportó datos sobre los montos involucrados. Según su versión, recogida por Cuarto Poder, un sujeto conocido como «Cojo» —identificado como M. G. B.— le habría ordenado entregar pagos a policías por montos de S/870, S/1.270 y, en ocasiones, hasta S/1.570. Esas entregas se realizaban los días sábados.
La misma declaración hace referencia a una agente de seguridad ferroviaria identificada como «M.», quien habría participado en uno de esos encuentros al interior de un ascensor de una estación. Según S. G. V., la agente se habría retirado el distintivo con su apellido antes del encuentro. Este hecho forma parte del expediente de la investigación en curso.
La adulteración de tarjetas: cómo funcionaba el fraude técnico
La fiscal contra la ciberdelincuencia, Paola Charaja, explicó que el sistema de la Línea 1 permite recargas de hasta S/100 por tarjeta. Las tarjetas intervenidas en la investigación registraban saldos de S/900 o más, lo que evidencia una manipulación del sistema informático del servicio de transporte.
El presunto responsable técnico fue identificado como M. C. C., quien trabajaba dentro del consorcio a cargo de la concesión del tren. Según la fiscal Charaja, esta persona habría tenido en su poder tres dispositivos para clonar tarjetas y un software instalado en una laptop que permitía realizar el denominado «blanqueo» y efectuar recargas de manera irregular. Una vez adulteradas, las tarjetas eran entregadas a distribuidores intermedios que las hacían llegar a los «salderos».
El negocio del «saldeo» en las estaciones
Con las tarjetas en mano, los «salderos» se apostaban en las estaciones y ofrecían a los pasajeros la posibilidad de ingresar al tren sin pasar por las filas de recarga. Los usuarios pagaban entre S/2 y S/2.50 por cada ingreso, un monto inferior al costo regular del pasaje, que resultaba atractivo para quienes buscaban ahorrar tiempo o dinero.
El flujo de caja generado por esta modalidad era recogido por personas como S. G. V., quien actuaba como enlace entre los operadores de calle y la cúpula de la organización. El dinero recaudado era luego redistribuido, en parte, hacia los efectivos policiales que garantizaban la continuidad del negocio.
El control territorial atribuido a «Cojo»
La investigación atribuye a M. G. B., alias «Cojo», el presunto control de seis estaciones del Metro de Lima. Según lo expuesto durante el reportaje de Cuarto Poder, este individuo determinaba quiénes podían operar dentro de cada estación y coordinaba directamente con los policías que habrían permitido el desarrollo de las actividades ilícitas.
El esquema de control territorial habría funcionado como una franquicia informal: «Cojo» asignaba espacios, garantizaba protección policial y recibía una parte de lo recaudado. Los efectivos de la División de Seguridad Ferroviaria que habrían participado en el esquema son investigados por presunta complicidad, aunque sus identidades no han sido divulgadas públicamente.
Intervenciones y hallazgos materiales
Durante los allanamientos y diligencias realizadas contra los presuntos integrantes de la organización, las autoridades incautaron laptops, lectores, duplicadores de tarjetas, dispositivos electrónicos y más de 1.280 tarjetas con saldos presuntamente adulterados. Entre los intervenidos se encontraba M. C. C., sindicado como el responsable técnico de la manipulación.
Los investigadores también detectaron métodos de ocultamiento: en al menos una intervención, un detenido llevaba un chip de tarjeta en la boca, según lo mostrado en el reportaje. Esta modalidad apuntaría a una estrategia deliberada para dificultar la detección de los elementos materiales del fraude durante los operativos.
Montero indicó que la investigación continúa activa y que los alcances de la presunta red aún están bajo análisis. La participación atribuida a los efectivos policiales y a los demás investigados se enmarca en un proceso que no ha concluido y en el que las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por la autoridad judicial competente.
