El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, firmó este miércoles el Decreto 24-2026, que pone en vigencia la Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana. La norma habilita el proyecto Metroriel, concebido como un sistema de transporte integral, moderno e interconectado para la capital.
Arévalo rubricó el decreto junto al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, y la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea. El mandatario difundió la firma a través de sus redes sociales y sostuvo que la decisión responde a una necesidad postergada durante décadas.
“Ojalá esto hubiera sucedido hace veinte años. Ojalá un gobierno hubiera pensado más en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, afirmó. También señaló: “Le estamos cumpliendo a la población el compromiso de un sistema de transporte integral, moderno e interconectado para el área metropolitana, como nunca antes se había hecho”.
El decreto fue publicado en el Diario de Centro América, Diario Oficial de Guatemala, y entrará en vigor ocho días después de su divulgación. La ley había sido aprobada el 27 de octubre por el Congreso de la República con el respaldo de 134 diputados, las dos terceras partes del total de legisladores.
Una aprobación acelerada y cuestionamientos políticos
La iniciativa 6830 fue presentada por diputados oficialistas y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Descentralización y Desarrollo el mismo día en que fue aprobada. El diputado oficialista José Carlos Sanabria promovió una moción privilegiada para que fuera tratada de urgencia nacional, un mecanismo que evitó el debate ordinario en tres lecturas.
La rapidez del trámite motivó acusaciones de negociación política entre bancadas. El diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, aseguró que la aprobación formó parte de una agenda que también incluía el subsidio a los combustibles y la integración de la Junta Directiva legislativa para el período 2027-2028.
Rodríguez afirmó que el oficialismo ofreció 50 millones de quetzales, equivalentes a unos USD 6,9 millones, para obras previstas en 2027 a cambio de respaldos legislativos. El material disponible no detalla una respuesta del Gobierno a ese señalamiento.
Fegua y un régimen especial de contrataciones
La ley tiene 15 artículos, declara de interés nacional y utilidad pública la ejecución del sistema ferroviario y asigna su desarrollo a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). La empresa deberá conducir todas las etapas, desde la planificación hasta la puesta en marcha, junto con el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y las municipalidades involucradas.
La normativa no crea una nueva entidad estatal. En cambio, prevé que el transporte de pasajeros conviva con las operaciones de carga que ya administra Fegua.
Para implementar la obra, la empresa podrá contratar directamente a un consorcio o firma internacional especializada que integrará una Oficina de Gestión Técnica del Proyecto. Esa instancia tendrá la función de aportar asistencia técnica y transferir capacidades, pero no podrá competir como oferente ni ejecutar los contratos que administre.
El artículo 5 excluye las contrataciones de obras, bienes, equipos, tecnología y servicios del proyecto de los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado. Esa excepción permite utilizar estándares internacionales, incluidos los Contratos Nuevos de Ingeniería, conocidos como NEC por sus siglas en inglés.
La norma exige que exista disponibilidad presupuestaria antes de firmar contratos y ordena publicar los instrumentos contractuales en el sitio web de la empresa. Si se suscriben en otro idioma, deberán contar con traducción al español; la Contraloría General de Cuentas mantendrá sus facultades de auditoría y Fegua deberá presentar informes semestrales al Congreso.
El Metroriel recorrerá aproximadamente 21 kilómetros de sur a norte de la Ciudad de Guatemala. Menkos había indicado previamente que la inversión podría superar los USD 900 millones, aunque esa cifra no figura en la ley promulgada.
El Gobierno vinculó la iniciativa con un acuerdo suscrito el 9 de julio entre Guatemala y Reino Unido para apoyar la planificación y ejecución del sistema. Arévalo definió al proyecto como “la espina dorsal del sistema de movilidad multimodal que necesita nuestra capital y que nace ahora para continuar expandiéndose en el tiempo”.
La ley no especifica los municipios que integrarán el área metropolitana cubierta ni fija una fecha para el inicio de las obras. El financiamiento, el diseño técnico y el cronograma de ejecución permanecen pendientes de definición.
