Perdonaron multa de US$ 50 millones a Odebrecht y GyM

Escribe:

César Romero

El director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (ATTE), Oswaldo Plasencia Contreras, habría concertado ilícitamente en el año 2011 con el consorcio integrado por Odebrecht y Graña y Montero para evitar que paguen una multa de 50,9 millones de dólares, al no suministrar repuestos, herramientas, equipos y piezas críticas para a obra y por los que recibieron pagos adelantados.

Además, no reclamaron y exigieron que dicho consorcio cumpliera con contratar y traer al país a los ingenieros de experiencia internacional, que ocuparían los cargos de jefe de proyectos y residente de obra, como ofrecieron para ganar la licitación pública.
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Sin experiencia

En la etapa de presentación y evaluación de propuestas técnicas, el consorcio ofreció los servicios de los ingenieros brasileños Fabio Andreani Gandolfo y Aluizio Fontana Margarido para los cargos de residente de obra y jefe de proyecto, respectivamente.
Esto les permitió obtener el máximo puntaje técnico en el concurso público y luego ganarlo.
Pero en la ejecución de la obra, la autoridad autónoma y el director de supervisión del consorcio Cesel-Pöyry, Roberto Kurt Jungkind permitieron que dichos cargos fueran ocupados por ingenieros peruanos sin ninguna experiencia en la construcción de líneas ferreas

Andreani Galdoldfo y Fontana Margarido nunca ingresaron al país entre los años 2009 al 2011 en que se construyó la Línea 1 del Metro de Lima.
Supuestamente, antes de que comenzaran el proyecto, ambos renunciaron a los cargos ofrecidos por motivos personales y la autoridad autónoma del Tren Eléctrico nunca dijo nada. Se quedaron callados y aceptaron a ingenieros sin experiencia.

Al respecto, la Contraloría recordó que en la etapa de calificación del consorcio público para construir la Línea 1 del Metro de Lima, el consorcio Huarte Lain y S&Z Consultores fue descalificado por no contar con profesionales técnicos idóneos para construir el tren o metro de Lima. Lo mismo habría sucedido con Odebrecht y Graña y Montero si no entregaban falsa información para participar en la licitación.

Repuestos y equipos

La Segunda Fiscalía Supraprovincial anticorrupción indica que, según el contrato de obra, el Consorcio Tren Eléctrico debía incluir en el expediente técnico una lista de repuestos de los sistemas electromecánicos, los equipos e instrumentos de medición a emplearse en la instalación y montaje del equipamiento electromecánico.
Además, tenía que suministrar un lote de piezas críticas, los equipos especiales e instrumentos de medición mencionados, los 13 acopladores automáticos y 2 equipos de diagnóstico de fallas del equipo Chopper.

Sin embargo, a falta de 84 días para culminar la obra, manifestaron que los referidos equipos y repuestos no eran indispensables para el inicio de la operación y funcionamiento integral del tren, por lo que solicitaron que se dé por entregado el suministro, que recién llegaría en 10 meses, a fin de proceder a la inmediata liquidación de la obra.
Los funcionarios de la ATTE, encabezados por Oswaldo Plasencia y los del consorcio supervisor estuvieron de acuerdo con la propuesta de Odebrecht y Graña y Montero, y los exoneraron de cualquier penalidad por este incumplimiento y únicamente dedujeron en la liquidación de obra el importe de 7.079.944,15 dólares, incluido IGV.

Oswaldo Plasencia y sus más cercanos colaboradores olvidaron que el Estado ya había otorgado adelantos al consorcio para la compra de materiales por 30 millones de dólares y para la compra de los acopladores automáticos y lote de repuestos para material rodante por 48 millones de dólares.
La Contraloría estableció que de haberse aplicado penalidades por el mencionado incumplimiento, Odebrecht y Graña y Montero debieron pagar Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (ATTE), Oswaldo Plascencia una sanción de 50.921.274,24 de dólares. 

Piden 5 años de prisión para los responsables

El fiscal Andrés Montoya presentó acusación penal ante los juzgados anticorrupción de Lima contra los funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) para el inicio del juicio público. La Fiscalía demanda una pena de cinco años de prisión para los cinco implicados por delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La Fiscalía ha encontrado responsabilidad penal de Oswaldo Plasencia Contreras, como director ejecutivo de la AATE; Walter Arboleda Gordon, gerente de ingeniería y obras; Jorge Urdanivia Davelouis, encargado de la jefatura de obras civiles de la gerencia de Ingeniería y Obras; y Johnny Garro Fernandini, encargado de la “Transferencia de Bienes al concesionario Graña y Montero-Ferrovías".

Además, para Robert Kurt Jungkind, director de proyecto o gerente general de supervisión, designado para la obra por el Consorcio Cesel-Pöyry. Todos ellos firmaron una serie de memorándums y oficios destinados a evitar que el Consorcio Tren Eléctrico pague alguna penalidad por el incumplimiento del contrato.

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