La alcaldesa de Lima cumplió 10 meses en el cargo, en los que afirma haber priorizado la planificación, en lugar de las inauguraciones
Del millón doscientos mil vehículos que se estima circulan a diario por los 1.200 km de pistas que integran la red vial de Lima Metropolitana, alrededor del 60% son microbuses y taxis para el servicio público. Unidades pequeñas que acaparan espacios y atienden a más del 80% de usuarios, aunque a un costo bastante elevado: congestión vehicular permanente, contaminación ambiental y sonora, inseguridad y un pésimo trato al pasajero.
La alcaldesa Susana Villarán, quien ganó las elecciones municipales capitalinas más reñidas de los últimos años, prometió en su campaña que pondría fin a este caos. Y así lo reiteró a El Comercio el último miércoles de setiembre, durante una mesa redonda para presentar lo hecho por su gestión en diez meses de gobierno.
“Cuando decimos que una manera de gobernar es concertar, es porque la concertación tiene frutos importantes. Nuestro principal legado será ordenar así el manejo de la ciudad. En el transporte, esto se reflejará en un cambio total de paradigmas, pasar de la microtransportación a la macrotransportación”, comentó.
Juan Tapia Grillo, presidente de Pro Transporte y asesor de la comuna en este ámbito, agregó que a partir de este mes se pondrán en práctica medidas concretas como la formalización de taxis, y que en noviembre el bono de chatarreo facilitará la disminución de vehículos públicos con miras a la renovación del parque automotor.
A ello se suman la próxima convocatoria de empresas para los cuatro corredores de buses articulados que tendrá la ciudad en el 2014 y la construcción del Metropolitano II, casi para la misma fecha.
“Nuestras inversiones en este campo ascenderán a US$600 millones al 2014, 200 millones en el Metropolitano II, 150 millones en la ampliación norte y mejoras del Metropolitano actual, y otras inversiones por cerca de 200 millones en mantenimiento y nuevas vías. Esto se complementará con las iniciativas privadas de inversión en infraestructura vial, que son el Periférico Vial Norte, la prolongación de la Vía Expresa, la ampliación de Javier Prado y la Línea Amarilla”, indicó Villarán.
Eduardo Carrillo y Edwin Derteano, especialistas en transporte e infraestructura vial convocados por este Diario, destacaron la estrategia de la alcaldesa, aunque solicitaron reforzar la fiscalización y sobre todo respetar los estudios y plazos establecidos para las reformas como si fueran políticas de Estado.
“Los últimos cuatro alcaldes no han tenido planes concertados de gestión a gestión. No se va a resolver el problema del tránsito mientras no haya una autoridad única capaz de tomar las decisiones, ni que mire más allá del componente político y siga un plan sin pensar en sus intereses”, opinó Carrillo.
“No hay sitio para todos los [vehículos] que están. No se puede seguir viendo el transporte como una agencia de empleos. El mensaje tiene que ser bien claro: hay que demostrarle al transportista que, así como está, no tiene futuro”, agregó Derteano.
Sobre la formalización de taxis, que cuenta con un presupuesto de S/.5 millones para que de acá a fin de año se empiece por mejorar la fiscalización de unidades, Tapia Grillo señaló que se dará un plazo de 90 días para que los actuales prestatarios se agrupen en empresas, y estas cumplan los requisitos que exige la comuna.
“Luego de ese tiempo se congelará el parque automotor de taxis durante un año porque si sigue aumentando será difícil hacer la reforma. Para no atascar el proceso, no se empezará por pedir mucho. Se priorizará la seguridad, que tengan identificación, seguro y ciertos requisitos básicos”, sostuvo.
Con relación al uso del taxímetro, el funcionario señaló que está pensado como exigencia para dentro de dos años. “Si arrancábamos con eso, y cargando costos al taxista, ellos iban a pensar que se hace la reforma para vender taxímetros, cuando lo primero es darle seguridad al usuario”, dijo el funcionario.
Otra medida para controlar el número de vehículos en circulación, mencionada por Tapia Grillo, fue “pico y placa”, que consiste en autorizar el tránsito por días u horas de algunas unidades, según la letra inicial de sus placas. La iniciativa ha dado buenos resultados en otras capitales de Sudamérica como Quito (Ecuador) y Santiago de Chile.
“En el caso eventual de que haya demasiados taxis, se adoptarán medidas como ‘pico y placa’, ya conversadas con los taxistas en una mesa de trabajo”, indicó el presidente de Pro Transporte.
2. Seguridad ciudadana. Integración de labores entre la Policía y el serenazgo
Que el 43% de limeños manifieste haber sido víctima de un delito en el último año, según un sondeo de la ONG Ciudad Nuestra presentado a inicios del 2011, refleja la elevada percepción de inseguridad que nos aqueja como sociedad.
Gino Costa, ex ministro del Interior y especialista en seguridad de la citada ONG, destacó que en este ámbito la comuna haya invertido S/.20 millones en un convenio con el Escuadrón Verde de la policía para apoyar el patrullaje que realiza el serenazgo. No obstante, expresó su preocupación porque no existe un canal de diálogo y de mando más estrecho entre la PNP y los alcaldes, quienes son los que mejor conocen la realidad de sus distritos.
“Con tristeza vemos que la policía hace lo que le da la gana. La autoridad local es el alcalde, quien debe liderar las acciones de los agentes que le corresponde por distrito. Esto nos lleva al otro problema de fondo: la mala distribución de policías. Es necesario dar un pequeño fondo de compensación a los distritos menos pudientes y con más problemas de delincuencia”, sugirió.
La observación fue recogida por Gabriel Prado, gerente de Seguridad Ciudadana del concejo, quien aseveró que con la compra del día de franco de la policía por parte del Estado (iniciativa del ministro del Interior, Óscar Valdés), se podrá destinar esos fondos a la formación y contratación de más serenos, compra de cámaras de vigilancia para el futuro observatorio metropolitano del delito y la instalación de más puestos de auxilio rápido (PAR).
“Actualmente contamos con 1.000 serenos para cubrir, en tres turnos, las 5.000 manzanas del Cercado. Obviamente hay un déficit de personal. Con el apoyo del Interior, esperamos llegar a fin de año con 500 serenos más, y completar la implementación de 32 PAR. A la fecha funcionan 17 al 100% de su capacidad”, precisó.
La burgomaestre Villarán subrayó la importancia de seguir concertando esfuerzos entre los 42 alcaldes distritales para estrategias como Serenazgo sin Fronteras, actualmente en marcha en Lima este (con las comunas de San Borja, San Luis y La Molina como principales impulsadoras), y programas similares para la prevención de la delincuencia.
“Concertar con 42 maneras de pensar distintas no es fácil, pero es la única forma. ¿Nos piden medidas puntuales? Las estamos haciendo con la instalación de los PAR, la compra y colocación de cámaras. Además, acabo de inaugurar un módulo en el jirón Washington [Cercado] donde hay problemas de prostitución, trata de personas y consumo de alcohol. La integración social que promovemos desde el inicio de la gestión también es parte de la seguridad ciudadana”, dijo.
Según anuncios oficiales hechos por el propio Prado en el primer semestre del 2011, tanto el observatorio metropolitano del delito como la escuela de serenos funcionarán a partir de diciembre. Durante la mesa redonda se ratificó el mes, aunque no se brindó una fecha específica.
Lo que sí se precisó fue la suscripción de un convenio con Devida para abrir un centro de rehabilitación de personas adictas, y dos centros de desintoxicación.
“El primero estará en el Cercado, los demás se abrirán tras analizar esa experiencia. El consumo de drogas forma parte de nuestra estrategia contra la inseguridad porque no hay espacios para la recuperación de estos jóvenes que claman por ayuda”, enfatizó Villarán.
La iniciativa que no corrió con similar suerte fue el denominado plan Zanahoria para Lima Metropolitana, consistente en la restricción de la venta de bebidas alcohólicas a determinadas horas de la noche, y que ha funcionado con buenos resultados en La Victoria. Si bien la propuesta se discutió con los 42 alcaldes a inicios de año y hubo cierto consenso, a la larga surgieron objeciones, ya que –según las mismas autoridades– no funcionaría igual en todos los distritos.
Para el especialista Costa, tan importante como el debate y la suscripción de convenios es el informar a la ciudadanía sobre estas acciones. Al respecto, lamentó que la nueva página web de la Municipalidad de Lima carezca de estos datos.
Tanto la alcaldesa como el gerente Prado se comprometieron a actualizar la web con la información pertinente, ya que la transparencia, dijeron, es uno de los pilares de la actual gestión.
3. Gestión y gobierno municipal. Simplificar trámites y competencias
El prejuicio de que en el aparato estatal todo trámite se mueve a paso de tortuga cobra vigencia en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde las 34 agencias que forman la corporación municipal cuentan con procesos obsoletos y poco sencillos de comprender hasta para sus mismos responsables.
Si a ello se suma la doble naturaleza de la institución, como concejo capitalino y como gobierno regional (desde el 2003 con la Ley de Descentralización), el problema adopta matices de crisis, reconocieron la propia alcaldesa Villarán y su gerente general, Miguel Prialé, ante el especialista en gestión y gobierno municipal Julio César Castiglioni.
“El tema es de claridad y no de conflicto de competencias porque es una sola institución, una sola persona jurídica. Lima debe hacer el esfuerzo para separar las cosas y exigirle al Gobierno Central la transferencia de las competencias en ambos niveles, porque lamentablemente eso se ha descuidado mucho”, dijo.
Sin embargo, el experto saludó el anuncio de la alcaldesa en torno a la simplificación del organigrama, donde solo nueve de las diez gerencias de línea cuentan con procedimientos actualizados e identificados.
“Estamos simplificando y estandarizando procesos vinculados a los principales servicios y los que generan mayor valor para elevar la recaudación”, indicó Villarán, quien sostuvo que a la fecha Lima ha recibido del Gobierno Central tan solo 18 funciones como gobierno regional.
“Las transferencias se están dando todavía, hay que tener en cuenta que hemos tenido un cambio de gobierno. Ese cambio ha supuesto que el proceso, con cronogramas acordados, no fuera necesariamente continuado. Se han abierto nuevos cursos de acción, muy provisorios, como el de la
Beneficencia de Lima, Defensa Civil y Educación”, explicó.
Con respecto a las mejoras en recaudación, el gerente general Prialé adelantó que se buscará la autosuficiencia económica con modificaciones a la ley municipal para la alcabala y el Impuesto Predial.
“También utilizaremos un instrumento potente como las concesiones que, si se usan bien, creo que resuelve buena parte de los déficits de infraestructura y servicios públicos”, dijo.
Para Villarán, ambas medidas son de vital importancia si se quiere alcanzar las metas propuestas por su gestión, y conseguir en paralelo un aumento en el presupuesto que les asigna el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las municipalidades, en el marco de su programa de incentivos a la gestión pública, que este año representó para Lima una inyección de fondos de S/.20 millones.
“En recursos financieros, nuestro presupuesto es de mil 207 millones de soles, de los que hemos ejecutado 706 al 31 de agosto, es decir, el 58,5%. Tenemos proyectado ejecutar, para los cuatro años de gobierno, un gasto de inversión de mil 400 millones de soles, solo en recursos propios”, sentenció la alcaldesa, quien agregó que, pese a lo abultado de las cifras, estos montos son insuficientes para una urbe con más de ocho millones de habitantes.
“El per cápita de Lima es de S/.137. La Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene S/.463, el Callao S/.415 y Piura S/.247”, aclaró.
Otro aspecto donde la funcionaria reconoció falencias fue el de la comunicación con el ciudadano, que según los sondeos de opinión percibe su labor como deficiente. O en criollo, como bromeó la propia Villarán, se piensa que “no hace nada”.
“No he dicho que no me importa el nivel de aprobación, dije que no puedo basar mi gestión en el nivel de aprobación o desaprobación que tenga. La percepción de que no hacemos nada no es solamente porque tenemos déficits que yo reconozco en muchas áreas, por Dios que los tenemos, pero son muchos menos de los que nos atribuyen. Uno de ellos, que podemos mejorar, es el de la comunicación. Pero también hay que ver que la comunicación se produce de otros hacia nosotros. Y no es siempre en los mejores términos”, apuntó la alcaldesa de Lima.
(*) EQUIPO PERIODÍSTICO. Director: Francisco Miró Quesada Rada; Editor Central de Política: Juan Paredes Castro; Editor de metropolitana: Rolando chumpitazi; Redactores: Pamela Sandoval Del Águila, Luis García Bendezú.
El Comercio
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