Por: Sebastian Salazar Jeanneau
Ex miembro de Themis y del Consejo Editorial de Enfoque Derecho
¿Los políticos le buscan un sustento de factibilidad jurídica a sus propuestas o es normal que en el calor de la campaña los electores decidamos hacernos los locos y les damos cierta licencia para prometer más de la cuenta? El día domingo en el diario El Comercio apareció una entrevista a las dos candidatas favoritas a ocupar el cargo de alcaldesa de Lima. Ambas entrevistas son distintas y tratan temas distintos, sin embargo a las dos candidatas se les hace una estupenda pregunta final: “Si fuera alcaldesa, ¿por qué obra querría ser recordada?” Susana Villarán da una respuesta romántica sobre la seguridad ciudadana y por otro lado Lourdes Flores Nano saca la carta del ofrecimiento desmesurado y responde que Lima merece un metro y que ella, pidiendo dinero al Poder Ejecutivo, lo hará.
Vaya propuesta dije y acto seguido como un buen elector responsable y como un ex estudiante de derecho al cual siempre le apasiona la discusión jurídica decidí revisar el Plan de Gobierno 2011 – 2014 para la Municipalidad Metropolitana de Lima (“MML”) elaborado por Unidad Nacional y algunas normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el objetivo de ganar cierta perspectiva en el tema. Teniendo el “pdf” del Plan de Gobierno de Unidad Nacional abierto fui a la parte que mencionaba los temas de transporte y al leerlo solo confirmaba una primera sospecha la cual apuntaba al financiamiento de la obra, ya que este indica que en cuanto a la construcción del llamado metro de Lima (el cual formalmente se conoce como el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en adelante “SETMLC”, “metro” o “metro de Lima”), la MML “no tendrá la capacidad financiera adicional para cubrir oportunamente la inversión que requeriría un plan similar al Plan de Desarrollo ya planteado” por lo que le transfieren totalmente la responsabilidad al Gobierno Central en cuanto a la terminación de la construcción de la Línea 1 (Villa el Salvador – San Juan de Lurigancho) del SETMLC, la construcción de la Línea 2 del (Callao – Chosica) y los estudios de factibilidad de las Líneas 3 (Callao – Ate) y 4 (San Miguel – Carabayllo). Say what?! Entre las propuestas de Unidad Nacional no se encuentra de ninguna manera una que proponga la construcción del metro de Lima, sino todo lo contrario, reconocen la necesidad del mismo, pero declaran que es el Gobierno el encargado del asunto.
¿Crónica de una muerte propuesta anunciada?
Ustedes pensarán que qué pesado este que viene a hablar de política a un Sitio Web de actualidad jurídica, sin embargo el tema de la inviabilidad de prometer la construcción de un metro como candidato a la alcaldía de la MML no tiene que ver solo con la incapacidad de la comuna para autofinanciar la solución definitiva al caos en el transporte, sino que tiene como background un tema esencialmente jurídico que incluso prohibiría a los alcaldes de Lima y Callao a “meter mano” al Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. El 24 de Julio de este año se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 035-2010-MTC el cual establece que el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (el cual incluye las 7 líneas propuestas por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico a construirse al año 2025) tiene para todos sus efectos la condición de vía férrea nacional.
Este decreto que paso caleta y que casi nadie comentó, en su único artículo relevante, dispone que el referido sistema de trenes cuente con la naturaleza de vía férrea nacional, por lo que según lo dispuesto en Reglamento Nacional de Ferrocarriles aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2005-MTC, su explotación, operación, mantenimiento y concesión se encuentra bajo competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Más clara? El gobierno al reconocer la naturaleza de vía férrea nacional del llamado metro de Lima se adjudica la total responsabilidad del proyecto, excluyendo totalmente de la construcción, operación o incluso del mantenimiento del mismo a cualquier otra autoridad, como podrían ser los alcaldes de Lima o Callao. ¿Aun más clara? El alcalde de Lima, según el referido Decreto Supremo, no va a poder ni limpiarle las lunas de algunos de los trenes que conforman las 7 vías que deberían estar construidas para el 2025 y menos aún construirlas o “hacerlas”.
Finalmente, para tratar de responder la pregunta inicial concluyo con la necesidad de los electores de revisar que los planes de gobierno de los candidatos vayan de la mano de las propuestas, ya que incluso estas muchas veces ni siquiera se condicen con la posibilidad jurídica de lo que se propone. Se vienen elecciones mucho más importantes y para que los electores podamos llegar a tomar una decisión integral a la hora de votar debemos sin duda cuidar que las promesas hechas por los candidatos en campaña se condigan con sus planes de gobierno y que estos a su vez se condigan con la factibilidad económica y jurídica de las mismas. Seamos estrictos y no demos licencias para prometer en exceso, que aun encontrándonos en el calor de las campañas los sentimientos humanos de los candidatos como la exaltación la ira o la alegría no pueden ser utilizadas como comodines a la hora que los políticos se expresen y a la hora que los electores escuchemos y votemos. En cuanto al metro de Lima, la cosa es clara, a menos que alguien quiera postular a ser Ministro de Transportes y Comunicaciones (sic.) no podrá hacerlo.
¿Cómo citar este artículo?
SALAZAR JEANNEAU, Sebastián. Que no nos metan el cuento del METRO. Publicado el 22 de setiembre de 2010. http://www.enfoquederecho.com/que-no-nos-metan-el-cuento-del-metro (visitado el dd/mm/aa a las hh:mm).
enfoque derecho
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