Junto con la seguridad ciudadana, el problema del transporte público en Lima es, sin duda, el más crítico y deberá por tanto merecer la atención de los candidatos a la alcaldía de la ciudad. Así como generar un debate público y el cotejo de propuestas del que podría emerger —lo anhelamos con gran ilusión democrática— un consenso de soluciones o, cuando menos, unos lineamientos claros que encaminen a Lima hacia su recuperación desde la lamentable posición que muestra la capital más desordenada y caótica de América.
En efecto, nuestra ciudad capital ha devenido en una expresión dramática de la improvisación y la incompetencia, que arranca de la liberalización total del transporte dispuesta por Fujimori y se desarrolla como un cáncer generalizado por la yuxtaposición de autoridades, como las municipalidad provincial, las distritales, el Ministerio de Transportes y la PNP; agravado por la corruptela de los jueces y sus inauditas acciones de amparo y que se expresa por una ejecución de obras que es la más cabal demostración de improvisación y de falta de respeto por la ciudadanía, que nunca cumple plazos y que con frecuencia ni siquiera los tiene; que se ejecuta de manera inconsulta y atropella sus derechos —como en el caso del Metropolitano en Barranco—, que se contrata de la manera más oscura y sospechosa, sin que siquiera se exhiban los nombres de las empresas ejecutoras y responsables de las obras (como si fuera vergonzoso hacerlo), tampoco los montos de los contratos adjudicados ni, por cierto, se sepa nada de los procedimientos para adjudicar tales contratos.
En cuanto a la ejecución misma de las obras basta referirse como ejemplo a la remodelación de la avenida República de Panamá o la recién iniciada de la avenida Angamos Este o Primavera para darse cuenta de las lamentables deficiencias en que se incurre. Los trabajos se ejecutan en horarios que no alcanzan a las 8 horas diarias de actividades y han pasado semanas enteras después de interrumpido el tránsito y roto el pavimento existente, donde la obra no ha mostrado en la mayor parte de su extensión actividad alguna. ¿Qué clase de programación es esa? ¿Dónde está el respeto a los usuarios, peatones y pasajeros del transporte público y privado?
Por cierto no existe posibilidad alguna de comparación en esas obras contra las que se realizan en cualquier ciudad mediana, donde se consideran los costos de las interrupciones que asumen los ciudadanos y se opta por horarios intensivos y procedimientos modernos de mucho mayor velocidad de ejecución.
Pero es mucho peor aun preguntarse cuál será el resultado de tales ejecuciones, recordando que no se ha mostrado nunca un plan integral de vialidad y transporte urbano que muestre los parámetros considerados, las vías proyectadas, las señalizaciones y semaforización, las unidades de transporte requeridas y sus capacidades, y la articulación de los diversos medios. La impresión de todos es que las obras se realizan sin un planeamiento integral y si así fuera el fracaso sería inevitable.
Es tiempo, pues, de exigir a los partidos y a los candidatos propuestas técnicas y concretas en este tema de la vialidad y el transporte público, de suscitar su comparación y, ojalá como resultado y al final de la campaña, lograr un consenso sobre las urgentes soluciones que requiere Lima.
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