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Lima, mar. 06 (ANDINA). Alrededor del 95 por ciento de las empresas de transportes que operan en Lima incumplen con la ordenanza 1338 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual establece que las mismas deben ser propietarias de una parte de las unidades vehiculares que las integran, señaló Luz Ámbar.
Según el presidente de esta asociación, Luis Quispe Candia, las empresas que solo son afiliadoras y no propietarias de los vehículos carecen del poder suficiente para exigir que los conductores presten una buena calidad en el servicio, o imponer sanciones internas a quienes cometan faltas.
“Cuando la empresa no es propietaria de la flota, los verdaderos propietarios disponen de su vehículo en la ruta y tienen la libertad de poner el conductor que quieren. Es la causa de todos los problemas que sufrimos diariamente en la atención del servicio de transporte público”, comentó.
En declaraciones a la agencia Andina, Quispe Candia indicó que solo un cinco por ciento del aproximado de 350 empresas de transportes que operan en Lima son propietarias de un tercio o menos de las unidades vehiculares.
En caso de las unidades pertenecientes a los conductores o terceros, las empresas pueden afiliarlas mediante la cesión de uso otorgada por los propietarios, a quienes deben rendir cuentas de los ingresos y egresos en el servicio de transporte.
“Sin embargo, tenemos conocimiento que algunas empresas se presentan ante las autoridades municipales con estas cesiones de uso para obtener la autorización, pero luego hacen una adenda con el propietario desconociendo todos los acuerdos”, dijo el presidente de Luz Ámbar.
De acuerdo con la ordenanza referida, Quispe Candia añadió que dichas empresas también se encontraban obligadas a tener un capital social equivalente a 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que luego fue reducida a 100 UIT, lo que representa S/. 360 mil.
Retiro de unidades
De otro lado, el especialista en seguridad vial consideró que el mejoramiento del servicio de transporte público también dependerá de la aplicación del programa de chatarreo, mediante el cual se retirarán a los vehículos antiguos abonando a sus propietarios una suma de dinero.
“Lo cierto es que en Lima solo deberían haber 12 mil vehículos de transporte publico, ahora hay 28 mil; más los del Callao y Huarochirí, estamos bordeando los 35 mil vehículos”, estimó Quispe.
Asimismo, consideró que, paralelamente al retiro de los vehículos, se debe implementar un programa de reconversión laboral para que las personas que pierdan sus unidades y reciban un bono puedan incorporarse a otra actividad económica.
“Es un tema complicado, pero creo que existen programas de reconversión laboral para que las personas sin estudios superiores puedan dedicarse a servicios colaterales al transporte como el cambio de aceite o trabajos en llanterías”, concluyó.
(FIN) JCJ/RRC
Andina
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