Por: Juan Zegarra Editor
Con el actual tráfico en Lima, un anuncio como la eventual licitación de vías rápidas urbanas por cinco mil millones de dólares resulta para muchos conductores impacientes o habitualmente apurados una probable solución a sus dificultades frente a los constantes embotellamientos. Sin embargo, más allá del inicial entusiasmo y de la intención del ministro de Transportes, Enrique Cornejo, de concesionar estas obras en Javier Prado, Brasil o Alfonso Ugarte, sería bueno mirar las experiencias de países vecinos para contemplar si en plena ciudad se cobra por transitar por pistas preferenciales. Una cosa son las carreteras o las vías que rodean las ciudades, y otra muy distinta es separar las calles entre quienes pueden o no pagar por transitar a través de ellas.
Es cierto, que algunos alegarán que si eso implica ahorro de tiempo entonces no hay problema en que tenga un costo adicional, pero hay un debate mayor frente a esta posibilidad que debe darse. Incluso, antes de iniciar tal polémica, la Municipalidad de Lima debe acabar a tiempo con sus interminables obras viales y el segundo gobierno de Alan García está moralmente obligado a cumplir con la construcción y puesta en funcionamiento del tren eléctrico.
La verdad es que resultan inquietantes y para algunos esperanzadora. Sin embargo, de cara a la triste experiencia del peaje del Callao o la inoperancia.
El Comercio
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