Piden nulidad. Por la adjudicación del tramo 2 del tren eléctrico. Consorcio Tren Urbano presentó un pedido formal ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
María Elena Hidalgo.
A un día de quedar consentida la entrega de la licitación a la empresa brasileña Odebrecht para la construcción del tramo 2 del tren eléctrico, su competidor, el Consorcio Tren Urbano, liderado por la constructora Andrade Gutiérrez, presentó ante el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE un recurso de apelación para que se revoque el acto de otorgamiento de la buena pro emitida por el Comité Especial el pasado 13 de junio.
Días atrás, los consorcios Tren Urbano y Metro-San Juan denunciaron irregularidades en la entrega de la licitación y presentaron su pedido ante el MTC para que el ministro Enrique Cornejo declare de oficio la nulidad de la adjudicación, pero la respuesta fue que la queja sea presentada a la entidad competente, es decir, al OSCE.
El problema para ambos consorcios era que para presentar la apelación de nulidad ante el OSCE debían abonar el 3% del valor de la obra que alcanza los U$ 583 millones, en otras palabras, debían dejar como garantía alrededor de 17 millones de dólares que se perderían en caso el resultado nos les fuera favorable.
“Control difuso”
La apelación del Consorcio Tren Urbano ante el OSCE fue presentada al amparo de una figura legal denominada “control difuso”, que consiste en que la entidad que conoce el reclamo, en este caso el Tribunal del OSCE, puede dejar de aplicar una exigencia legal que considera viola un derecho constitucional.
“Nosotros hemos pedido al tribunal del OSCE que inaplique esta exigencia del depósito del 3 % porque es violatorio a nuestro derecho de defensa y a encontrar justicia. Pedimos que reconozca nuestro recurso sin exigir el pago por la gran magnitud que tiene. Si apelamos es porque creemos que la evaluación del comité fue muy ligera”, explicó Verónica Ferrero, gerente legal de la constructora Andrade Gutiérrez.
Precisión
Irregularidades. Uno de los cuestionamientos del Consorcio Tren Urbano es que la arquitecta Mariella Huerta Minaya, presidente del Comité Especial, se encontraba inhabilitada al momento de la entrega de la licitación. Otro cuestionamiento es que dentro del Comité Especial no había ningún experto en infraestructura ferroviaria, como lo ordena la ley.
La República
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