Por: Susana Villarán
En las últimas semanas hemos sido testigos de los conflictos generados entre la gestión del alcalde Castañeda y los vecinos del distrito de Barranco, quienes se sienten agredidos por un proyecto importante para la ciudad como es el Metropolitano. Esta obra orientada a mejorar una parte del caótico y riesgoso transporte en Lima debió ser ejemplo de transparencia y de consulta ciudadana.
Al contrario, no ha contado con un serio estudio de impacto ambiental y tampoco fue discutida a fondo con los vecinos y vecinas, por ello las obras que ahora se ejecutan no cuentan con la aceptación ciudadana en distritos de la ciudad como Barranco, en Chorrillos por los árboles que se echaron abajo, en la U. de San Marcos porque invadieron parte de su propiedad o en Carabayllo ya que derribaron miles de árboles del Parque Sinchi Roca para construir la maestranza de El Metropolitano. Pero es en Barranco en donde Castañeda tiene la más fuerte oposición ciudadana por esta manera avasalladora de gobernar.
Desde hace más de un año los vecinos exigieron información y transparencia sobre el Metropolitano, y no fueron escuchados. Realizaron una marcha demandando respeto, consulta y diálogo y no los atendieron.
Se organizaron en el movimiento ciudadano Salvemos Barranco que elaboró una propuesta alternativa, realizando foros, publicaciones, acciones mediáticas, acudieron al Banco Mundial y Pro Transportes. Todo ello se orientó a lograr que se instalara el diálogo para discutir los graves problemas que afectarían al pequeño distrito; grande en cultura, tradición e historia aunque no en población electoral. Un asunto que influye en las decisiones de los políticos tradicionales.
El tráfico se volvió infernal, la zona monumental fue agredida, la contaminación se agudizó, las pistas y el equipamiento local fueron destruidos. Mientras tanto, la Mesa de Diálogo fue una y otra vez desairada por la gestión de Castañeda. El desenlace estaba cantado: se ha impuesto por la fuerza la construcción de los paraderos, desalojado a los vecinos con el pretexto de obras ya avanzadas.
¿Quién pagará los costos? Parece que serán los barranquinos. El alcalde Castañeda impone una obra mal planificada y escasamente consultada que cuesta más del triple del presupuesto original.
En democracia no se puede forzar a la comunidad ni imponerle obras. En este caso hubo voluntad de debatir propuestas alternativas. Pudo ser un laboratorio de participación y concertación. No fue así. Asusta pensar qué será si llega a Presidente. La razón se abre paso en el diálogo, jamás se impone.
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